Contadores: una ruina muy lucrativa
Comisión Pro-vivienda de Bidebieta
Cuando un grupo de vecinos decidimos preocuparnos por la vieja fábrica de contadores, ésta ya llevaba 15 años causando todo tipo de riesgos para nuestro barrio. En Bidebieta la alarma era constante debido a continuos incendios, presencia de vertidos, roedores, etc. De esta manera descubrimos que la entonces propietaria, Industrias Españolas S.A. tenía una deuda con la administración pública de 4.151 millones de pesetas. Informamos al barrio de este hecho, con la intención de recabar opiniones de los vecinos al respecto y pedir a la autoridad competente que obtuviera la titularidad de la parcela y le diese un uso. Pero para nuestra mayor sorpresa, en el pasado mes de enero, el Ayuntamiento promueve una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que una empresa que acaba de adquirir la parcela, construya 162 viviendas de promoción libre y 65 de protección oficial. Esta empresa, Centro Comercial Guardaplata S.L. pacta la compra por 525 millones y posteriormente nombra como administrador a José María Liria Mendizabal, a su vez Consejero y Secretario de la constructora Altuna y Liria S.A. Lo que en un principio podría ser un alivio para los vecinos se convierte en una operación muy oscura, porque:
- las entidades de la Administración (Diputación, Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, Ayuntamiento, SPRI, etc.) no llegan a un acuerdo para asumir la propiedad como acreedores que son.
- la nueva propietaria, mediante aplazamientos de pago, no tiene que hacer efectivo el mismo, hasta mayo del 2001, pudiendo hacerlo gracias al dinero acumulado por contratos de ventas de pisos.
- para construir las 227 viviendas proyectadas, sé recalifican 15.000 m2 de una vaguada situada en el monte Ulia, calificados como suelo rural de protección especial. Se incluyen en el cónputo total para poder realizar esta operación.
- la recalificación del terreno se realizará cuando una empresa privada ya es propietaria del mismo, favoreciendo sus intereses y fomentando la especulación.
- la densidad de vivienda existente en Bidebieta, es superior al máximo autorizado legalmente, por lo que este proyecto sólo se justificaría siendo de promoción pública con el objeto de atajar el problema social de la falta de vivienda.
Ante la gravedad de estos hechos, presentamos ante los vecinos, en una reunión multitudinaria, nuestra alternativa a este atropello que consiste en exigir al Ayuntamiento que expropie o en su defecto compre la parcela a la constructora para que realice una promoción de vivienda pública total.
Los vecinos de Bidebieta junto con la Comisión, reunieron en menos de 10 días 700 escritos firmados con esta propuesta, el apoyo de 15 Asociaciones de vecinos de todo Donostia, así como el de partidos y sindicatos como EA, PNV, IU, EH, ELA, ESK, LAB.
Llegados a este punto, Odón Elorza y cinco miembros de su Corporación reciben a esta Comisión en el Ayuntamiento.
En un primer momento el sefior Elorza, tacha de muy grave las afirmaciones de nuestra alegación a la Modificación del Plan General, en torno a la terminología de la calificación del suelo de Contadores.
Por lo que no nos queda más remedio que demostrar que dichas aseveraciones constan en el propio Plan General y en la Exposición Pública del Avance de Modificación promovido por el mismísimo Ayuntamiento.
Después de esta gravísima metedura de pata por parte de la Alcaldía, entramos en las cuestiones que verdaderamente importaban.
Odón Elorza descarta la expropiación alegando que su coste seria muy grande.
¿Comó lo sabe, si ni siquiera tiene voluntad de estudiar mínimamente qué posibilidades de gestionar públicamente existen en esta propiedad?
¿Comó lo puede asegurar si esta parcela, con la calificación actual no posee ningún aprovechamiento lucrativo y cualquier organismo público encargado de hacer una valoración no la valoraría por más de 500 millones?
Al no obtener ninguna respuesta convincente, la Comisión Pro-Vivienda de Bidebieta pide que el Ayuntamiento no se conforme con maquillar esta operación mediante la firma de un nuevo Convenio con la propietaria, y que actúe con la responsabilidad suficiente para atajar el problema de la imposibilidad de acceso a una vivienda por parte de un sector mayoritario de la población.
